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Venezuela

10/02/2019 1:01 pm ET

Maduro pretende salvarse convirtiendo billetes devaluados en lingotes gracias a Turquía

El régimen se aferra a la exportación de oro en un intento por conseguir divisas para sus muy mermadas arcas

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Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino en las caóticas minas de oro del sur del país.

Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna venezolana, un ejército de 300.000 buscadores de fortuna se ha trasladado a la selva, que guarda en sus entrañas la mayor reserva de metales preciosos del país, para ganarse la vida removiendo la tierra, tal como refleja un reportaje difundido por la agencia de noticias Reuters.

Lee también: Acceso a internet, otro bien que escasea en Venezuela

Con picos y palas ayudan a financiar al régimen de Nicolás Maduro , que desde 2016 compró 17 toneladas de oro, valoradas en 650 millones de dólares, según los datos más recientes del Banco Central de Venezuela (BCV) a mayo.

El esfuerzo de los mineros artesanales, como los define el Maduro, se tradujo en vitales divisas para que la gestión del presidente Maduro financie importaciones de alimentos y productos básicos que escasean en Venezuela, aunque ellos reciban su pago en la deprimida moneda local.

Pero Estados Unidos está dispuesto a detener ese comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación. La Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere unos 1200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene en sus bóvedas.

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Funcionarios de Estados Unidos criticaron recientemente a una firma de inversión con sede en Abu Dhabi por comprar oro venezolano, y advirtieron a otros operadores extranjeros de abstenerse de negociar más barras con Maduro.

Un envío de oro desde Venezuela a Emiratos Árabes Unidos se canceló hace unos días. Noor Capital, una firma de ese país, señaló que no tenía previsto hacer nuevas compras, tras haber adquirido tres toneladas de lingotes en Caracas el 21 de enero.

Aunque la política de compras de oro de Maduro es bien conocida, hasta ahora no quedaba claro cómo se ejecuta. Reuters rastreó el camino que sigue el oro desde las polvorientas minas del sur hasta las bóvedas del Banco Central en Caracas, para más tarde ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos.

La ruta del oro

La ruta del oro comienza en lugares como La Culebra, una zona de difícil acceso a una hora de la población de El Callao, en el sur del país. Aquí, cientos de hombres trabajan la minería con precarias técnicas del siglo XIX. En cuadrillas bajan asidos a una cuerda por huecos de 30 metros de profundidad para llenar en sacos las arenas que luego transportan con poleas y tornos. De esta manera, el gobierno toma ventaja de la agotadora labor de los mineros como José Aular, un adolescente que dice haber contraído malaria cinco veces en una peligrosa mina cerca de la frontera de Venezuela con Brasil.

Los mineros viajan a la población de El Callao para vender sus pepitas, la mayoría a comerciantes sin licencia, que operan en diminutas tiendas protegidas con alarmas y puertas de acero.

El régimen de Maduro logra adquirir el oro a través de intermediarios porque ofrece un precio por encima del mercado, la única forma de competir con los contrabandistas que sacan del país buena parte de los metales preciosos.

Las piezas compradas por el régimen se funden en los hornos de Minerven, la empresa minera estatal, según un empleado de alto rango. Luego las barras se transportan a las bóvedas del Banco Central de Venezuela en Caracas, a 843 kilómetros de la planta en El Callao.

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Aún cuando las reservas de oro del Banco Central se han desplomado a sus niveles más bajos en 75 años, el régimen optó por vender todo el oro minero para pagar sus facturas y también parte de sus lingotes de máxima pureza.

El principal comprador del oro es Turquía. El régimen madurista luego usa parte de los ingresos para comprar bienes de consumo masivo.

Los paquetes de pasta turca y leche en polvo ahora forman parte de las cajas de alimentos que distribuye Maduro en su programa de subsidios. El comercio entre ambas naciones se multiplicó ocho veces el año pasado.

Incluso los críticos de Maduro reconocen que el plan de vender oro le resultó un buen truco de alquimia: pagaron a mineros sin papeles en la depreciada moneda local y a cambio obtuvieron metales preciosos que vendieron a 10.000 kilómetros.

“El gobierno optó por sumergirse en operaciones oscuras y mecanismos inusuales de intercambio comercial”, dijo el economista y diputado opositor venezolano Ángel Alvarado. “Lo hacen por la desesperación de mantenerse en el poder a toda costa”.

La ruta del saqueo oficial

Pese a que prometió luchar contra el comercio ilegal del oro, mediante sofisticados esquemas, el gobierno de Nicolás Maduro participa en el contrabando de ese metal vía Aruba y Curazao para sacarlo al mercado internacional, como mostró una investigación del medio digital venezolano Runrun.es en alianza con la plataforma periodística regional CONNECTAS

En ella se evidencia que a la par que el gobierno exaltaba la nacionalización del oro en 2011, creó una red de explotación, comercialización y negociación de la que se beneficia un reducido grupoen el poder y no el Estado. Ese grupo legitima las operaciones para justificar alguna entrada de oro en los registros del Banco Central de Venezuela (BCV).

En febrero de 2018 fueron decomisadas 46 barras de oro con un peso de 110 libras (50 kilos) en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, mientras eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo rumbo a Ámsterdam, en el Reino de los Países Bajos.

Esas barras pertenencían a Oro Azul S.A., una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación del Arco Minero del Orinoco, zona rica en recursos minerales y donde se estima que podría haber 1500 toneladas de reservas de oro.

Aunque la exportación de metal está permitida, es paradójico que la mercancía llegó vía aérea en medio del bloqueo impuesto por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.

Aquel cargamento, valorado en 2.1 millones de dólares, provenía de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, y su destino final era Dubái, en Emiratos Árabes. El mismo país al que el gobierno de Venezuela pretendía vender 15 toneladas de oro a cambio de euros. Sin embargo, la empresa Noor Capital aunque reconoció que le compró a Venezuela tres toneladas de oro en enero de 2019, afirmó que no volverá a comprarle hasta que se estabilice la situación del país.

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El oro no sólo es catalogado como “estratégico” por el Gobierno, sino que las asociaciones que se producen con este mineral a su vez generan una red de poder, con componentes nacionales e internacionales

La investigación también arrojó datos sobre los estrechos vínculos de Jorge Arreaza, actual canciller y exyerno de Hugo Chávez, con la junta directiva de Oro Azul. Y revela que otras empresas trabajan en la explotación del metal precioso con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras dedicadas a su comercialización, aunque por ley lo extraído debe ir directo al BCV.

Venezuela no informa oficialmente las cifras de producción y exportación de minerales. Sin embargo, a dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30% de lo que se reporta al Banco Central de Venezuela como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas, según Transparencia Venezuela. Más escandalosa es la cifra de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, según la cual el 90% del oro venezolano se produce de manera ilegal.

Tampoco existen estadísticas oficiales de cuánto oro sale hacia Curazao y Aruba. De lo que sí hay registro es del oro que ambas islas exportan, pese a que allí no hay minas auríferas, explotación ni refinerías.

Lo que pasa en las minas parece no importar a los países beneficiarios del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esa institución los compromete a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas “Estado de conflicto y alto riesgo”, es decir, caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que está en la mira de las sanciones internacionales por sus vínculos con la corrupción, la criminalidad y la destrucción del ambiente.

Redacción Contexto Diario

Fuentes: Reuters, AFO, RunRun.es y Connectas

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