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Venezuela

22/11/2019 12:52 pm ET

Dinero sucio de Wilmer Ruperti entra al bolsillo de PanAm Post y defensa de narcosobrinos

Nadie en Venezuela sabía quién era Wilmer Ruperti antes de 2002

Wilmer Ruperti, el magnate chavista que pagó la defensa de los narcosobrinos de Nicolás Maduro, coopera con parte del financiamiento que recibe la página web de PanAm Post, a cambio de desacreditar en algunas notas a Francisco Morillo, la expareja de Vanessa Acosta Friedman, su actual administradora y amante.

El ataque a Morillo incluye la defensa a Ruperti, quien lo demandó por el fideicomiso de Pdvsa US Litigation Trust. Acosta Friedman, quien intentó chantajear a su exesposo, acudió como testigo y se relacionó sentimentalmente con Ruperti.

El fideicomiso se formó por un lado, en Venezuela, por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, y el ilegítimo procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, bajo los lineamientos de Wilmer Ruperti. Por otro lado, a nivel internacional, el parapeto legal es formado por David Boies, reconocido abogado defensor de Campo Flores y Flores Freitas en el famoso caso por tráfico de sustancias ilícitas, y con la participación adicional del detective privado John Brennan.

El financiamiento a PanAm Post, incluye a Orlando Avendaño, Jovel Álvarez y al dueño del medio, Luis Henrique Ball Zuloaga, primo de María Corina Machado.

¿Quién es Wilmer Ruperti?

Nadie en Venezuela sabía quién era Wilmer Ruperti antes de 2002. Pero ese mismo año, Ruperti hizo lo que nadie quiso hacer, mientras el paro petrolero desangraba a la economía venezolana y ponía en jaque al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Su apuesta consistió en poner a disposición del gobierno su flota de seis buques tanqueros para importar gasolina y otros derivados del petróleo a puertos venezolanos. “Yo rompí el paro petrolero”, afirmó Ruperti en 2006, luego de salir airoso de dos investigaciones adelantadas por el Poder Legislativo. La primera por el extinto Congreso y la segunda por la Asamblea Nacional.

En el informe que conoció el extinto Congreso nacional, la Contraloría General de la República intervino luego de una denuncia que se hizo en 1997; y la empresa, Náutica Ship Broker B. V., cuyo propietario es Ruperti, fue “suspendida” del listado de proveedores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Derrotado el paro petrolero, en 2002, se hicieron denuncias por el supuesto cobro de sobreprecios en los envíos de gasolinas al mercado de la costa este de Estados Unidos. La voz cantante la llevó el capitán de Altura de la Marina Mercante, Luis Salazar. Se mencionó el pago de comisiones a oficiales de la Armada venezolana (Fernando Camejo Arenas, entre otros) y a altos ejecutivos de Pdvsa, incluido el exdirector de PDV Marina, Humberto Peroso Hernández.

Como parte de la investigación que adelantó la Asamblea Nacional para investigar la gestión del presidente de Citgo -la filial de Pdvsa que opera cinco refinerías y 14.000 estaciones de servicio en Estados Unidos-, Luis Marín, el diputado oficialista Jesús García ofreció una rueda de prensa en la ciudad de Miami, con apoyo del consulado venezolano en esa ciudad, en la que denunció que Marín había firmado un contrato, “absolutamente leonino para los interés de la República con la empresa Sea Pioneer Shipping”, propiedad de Ruperti.

De la investigación que adelantó la Comisión de Contraloría del extinto Congreso nacional, Ruperti dijo que ni siquiera “lo llamaron a declarar” y que finalmente se produjo un dictamen que calificó de favorable. “Lo digo porque se demostró que la oferta que hice representó un ahorro de 2,8 millones de dólares para la nación”.

Los señalamientos de irregularidades que se hicieron en 2003, en medio del paro petrolero, también fueron desmentidos por Ruperti. Los pagos que recibió su empresa por embarques de gasolina a puertos venezolanos se hicieron a través del Banco Central de Venezuela, entre otras cosas, porque todo el sistema de finanzas y administración de la petrolera estatal habría sido manipulado por personas ajenas a la industria. “Hubo una auditoría, tanto interna como externa, y se demostró que no hubo sobreprecio”, aseguró el empresario naviero. “Al final del día a mí me pagaron mi dinero y punto”.

Al revelar detalles sobre sus operaciones durante el paro petrolero y el cobro de sus servicios, Ruperti aseguró que había financiado al gobierno durante tres meses, a raíz de la importación de tres cargamentos, equivalentes a 240.000 barriles de gasolina. “Yo estuve en el limbo; Pdvsa me debía 75 millones de dólares”. Al tanto de todos los detalles, incluida la imposibilidad de cobrarle a la corporación estatal, “porque sus sistemas estaban vueltos leña”, estaba el general Raúl Isaías Baduel, quien jugó un papel clave en 2002 para restituir al expresidente Chávez en el poder, luego del golpe que lo depuso por 48 horas. Posteriormente, Baduel fue enjuiciado por supuestas irregularidades administrativas. Recibió condena de 7 años y 11 meses de prisión.

El presidente Chávez agradeció públicamente el papel que jugó Ruperti durante el paro petrolero y lo condecoró con la Orden Libertador en el Palacio de Miraflores, en 2003. Los señalamientos sobre tratos preferenciales e irregularidades fueron desmentidos por Ruperti con estas palabras: “Vamos a estar claros. La persona que rompe el paro petrolero, en las dimensiones en que se hizo, fui yo. Quien logró que no alcanzara su propósito fui yo. Eso me ha ganado enemigos que, de alguna forma, quieren que yo salga del mercado”.

Dueño de una inmensa fortuna, el nombre de Wilmer Ruperti aparece en el listado de los principales hombres de negocios que aumentaron su capital en la era del chavismo. Nunca negó su apoyo a Chávez y a su proyecto político. En columnas de la prensa escrita y en los portales informativos de la oposición, se le ha mencionado con insistencia. En una entrevista se adelantó al periodista al decir: “En los que aparezco rojo rojito… Pero, véame, yo soy pelirrojo. Soy rojo por naturaleza”.

En octubre de 2004, Ruperti adquirió dos pistolas que en vida pertenecieron al Libertador Simón Bolívar, a través del empresario dominicano George Nicolas Nader. La operación se cerró luego de una puja al precio de 1,6 millones de dólares, organizada por la casa de subasta Christie’s en Nueva York. “Fue muy emocionante; me siento muy orgulloso y lo volvería a hacer 10 mil veces”, dijo Ruperti. Las pistolas, labradas en oro, pertenecen a la armería del francés Nicolás-Noêl Boutet, quien también forjó las pistolas de Napoleón Bonaparte. Posteriormente, Chávez anunció que Ruperti, mediante una carta, decidió donarle las pistolas de Bolívar a la República.

Con la compra de Puma TV, actual Canal I, “Ruperti pasa de capitán de barco a la élite mediática del país”, reseña la publicación web de Lloyd’s List, en agosto de 2004.

Después, Ruperti se vería involucrado en dos episodios que impactaron su imagen pública. Uno de ellos corresponde a un video, difundido por el diputado oficialista Julio Chávez, en el que aparece el diputado de Primero Justicia y ex candidato a la Alcaldía del municipio Sucre -estado Miranda-, Juan Carlos Caldera, aceptando un sobre lleno de dinero. A raíz de esta revelación, el propio Caldera admitió que el dinero correspondía a una donación que habría hecho el empresario Ruperti para apoyar su campaña, así como el hecho de que la grabación se hizo en la casa de habitación del empresario naviero.

Momentos antes de que el Consejo Nacional Electoral rubricara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de abril de 2013, Ruperti se pronunció públicamente en la sede del Canal I, del cual es el único accionista, en las que advertió: “Para poder saber cómo están las elecciones, ya todo el mundo está claro. Ellos lo que quieren es fomentar el desorden y eso el gobierno ni nadie lo va a permitir y este canal mucho menos señores”. Como aparece reseñado en un video en Youtube, supuestamente Ruperti se encontraba en estado de ebriedad cuando emitió esas declaraciones.

Regresó a la polémica pública cuando el 29 de septiembre de 2016 el diario estadounidense Wall Street Journal publicó una entrevista en que confesaba ser el financista de la defensa de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, detenidos en Haití en noviembre de 2015 y desde entonces procesados judicialmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ambos fueron acusados por la corte federal de Manhattan por el traslado de 800 kilos de cocaína hacia EEUU, y se declararon inocentes. “Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Es necesario que el presidente este tranquilo. Estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional”, dijo al WSJ. Siete días antes, el portal oficial de Pdvsa reportó el triunfo de su empresa Maroil Trading Inc. en el proceso de licitación para el acondicionamiento, manejo y desalojo del coque -residuo del procesamiento del crudo extrapesado- de los patios del Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui.

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