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Venezuela

14/08/2018 12:44 pm ET

Atentado contra Maduro busca desmembrar a Primero Justicia

Las persecuciones a la tolda aurinegra es igual a la que padecen los militantes de Voluntad Popular.

Presidente Nicolás Maduro - Primero Justicia.

El atentado que sufrió el pasado 4 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, se ha convertido en un escenario que puede llevar a que el partido opositor Primero Justicia (PJ), termine desmembrado, como sucedió con Voluntad Popular (VP) donde sus dirigentes aseguran sufrir una persecución.

El partido Primero Justicia, creado hace 18 años poco tiempo después de haberse iniciado la llamada revolución bolivariana, militan los diputados Julio Borges y Juan Requesens, dos de los acusados del atentado que sufrió Maduro, cuando varios drones con cargas explosivas detonaron durante un acto que encabezaba el presidente.

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Contra Borges, a quien Maduro venía amenazando con la cárcel desde hace meses, pesa actualmente una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo y según el gobierno, una solicitud de alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ya que se encuentra actualmente exiliado en Colombia.

Por su parte el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens fue detenido por las autoridades cuando el Jefe de Estado, lo acusó de estar vinculado en el atentado y fue despojado de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Por medio de un artículo publicado en la agencia de noticias EFE, la periodista Bárbara Agelvis recordó que la situación que están viviendo los integrantes del partido Primero Justicia es igual a la que padecen los militantes de Voluntad Popular, organización liderada por el preso político Leopoldo López.

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VP ha denunciado persecuciones durante los últimos cuatro años, el gobierno de Nicolás Maduro tiene a sus principales líderes inhabilitados, como es el caso de López o de David Smolansky, quien salió del país luego de que se ordenara su arresto por no impedir protestas en el municipio El Hatillo del estado Miranda, donde gobernaba. Igualmente el coordinador de la tolda naranja, Freddy Guevara se encuentra bajo protección en la Embajada de Chile en Venezuela.

Esta organización llegó a denunciar en un momento que 245 de sus militantes habían sido víctimas de persecución por parte del Gobierno Nacional, que este año otorgó libertad con restricciones a Gilber Caro, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel y Daniel Ceballos, todos activos críticos contra Maduro antes de ser arrestados.

López, sin embargo, sigue preso en su domicilio y cumple una condena de casi 14 años por los hechos violentos que ocurrieron al final de una marcha convocada el 12 de febrero del año 2014. Desde ese año, Voluntad Popular, hoy con sus principales voces disgregadas o acalladas, comenzó a denunciar el hostigamiento en su contra.

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En tanto que en 2016, luego de que el dos veces candidato a la presidencia y militante de PJ Henrique Capriles Radonsky, promoviera el referendo revocatorio contra Maduro, mecanismo que fue impedido por órdenes de tribunales ante un supuesto fraude en la solicitud, las denuncias de amedrentamiento por parte de este partido aumentaron.

Los señalamientos contra los líderes de PJ por parte del gobierno de Maduro escalaron en el año 2017, cuando el diputado Borges presidió el Parlamento Nacional de mayoría opositora, y tras las protestas antigubernamentales de ese año, por las que también denunciaron la detención de varios de sus concejales.

Maduro comenzó a referirse en ese año a Borges como el jefe de la oposición y no ahorró descalificativos y advertencias luego de que el diputado iniciara una gira internacional para denunciar la crisis política venezolana.

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Los dirigentes opositores aseguran que son seguidos en sus recorridos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en los últimos meses Borges y en especial el secretario general de este partido, Tomás Guanipa, han denunciado amedrentamiento por parte de este organismo.

El mes pasado el diputado y miembro de esta organización José Manuel Olivares, un médico activo, que mantuvo su denuncia ante la escasez de medicinas y el deterioro de hospitales, abandonó el país ante una supuesta orden de captura de su esposa.

El año pasado, cuando se convocaron las elecciones regionales y Olivares aspiró a la gobernación del estado Vargas (Centro-Norte). Olivares continuó denunciando la detención de su hermano como parte de una forma de presión para que abandonara su postulación.

En un video difundido el pasado viernes 10 de agosto, por el gobierno de Maduro, Requesens afirmó haber tenido contacto con uno de los acusados de coordinar el ataque, lo que fue rechazado por sus familiares, que aseguran que el diputado declaró bajo coacción.

Con todo, el partido cuyos principales dirigentes parecen tener un destino similar a los de Voluntad Popular, aseguró este lunes que seguirán luchando para rescatar al país.

Redacción Contexto Diario

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