La muerte de Diana Carolina, protagonizada el sábado 19 de enero de 2019 por un venezolano en Ibarra, ha desatado el temor de migrantes en el país. Incluso, organismos de extranjeros denunciaron este lunes agresiones a ciudadanos de Venezuela durante el fin de semana.
El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó por las agresiones xenofóbicas en Ibarra. Estas se desataron la noche del domingo por parte de ciudadanos de esa ciudad. Sacaron de las viviendas-a la fuerza y a los gritos- las pertenencias de los migrantes para quemarlas. Estas acciones de odio fueron consideradas como una “Noche de los Cristales Rotos latina”.
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Incluso en redes sociales circularon videos en los que se evidenciaron estas agresiones, persecuciones en plena calle y hasta insultos en contra de los extranjeros. Aunque las autoridades no han confirmado muertos, el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior denunció que 82 compatriotas suyos fueron agredidos.
SANCIÓN A LA XENOFOBIA
Ante estos hechos, el medio digital Metro consultó a la abogada Beatriz Rodríguez y ella explicó cuál debe ser el procedimiento legal ante cualquier acto de xenofobia, los cuales están en las legislaciones de todos los países y se los llama crímenes de odio.
Existen sanciones para la discriminación y actos de odio. La primera, si se excluye a una persona y la segunda son conductas violentas motivadas por prejuicio como lo ocurrido en Ibarra.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una sanción para este tipo de accionar.
El artículo 176 del COIP se refiere al delito de discriminación y establece que la persona que propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento ó condición migratoria será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Mientras tanto, el artículo 177 del COIP se refiere a los actos de odio y señala que quien cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, condición migratoria será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si estos actos provocan heridas se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
¿CÓMO DENUNCIAR?
Según la abogada, todo extranjero puede acudir a la Fiscalía General del Estado para denunciar, se realizan las investigaciones respectivas, se determina a las personas que cometieron el delito de odio y al final son juzgados.
Por ejemplo, si un ciudadano del país ingresa a la vivienda de un extranjero a invadir su propiedad con agresiones violentas, y lo saca del domicilio a golpes, lo primero que se debe hacer es llamar a la Policía.
Cuando el agente llega al sitio arresta al ciudadano que cometió el acto de odio, por tratarse de un delito flagrante. Después habrá 30 días para que se den las investigaciones.
En cambio, si en la calle un ciudadano del país le grita a un migrante que se vaya a su nación o palabras de odio es un acto de discriminación. Igualmente lo será en caso de que le impidan trabajar o estudiar por su nacionalidad, ya que estaría siendo apartado.
Si es que no basta con los gritos y además es golpeado ya sería delito de odio. “Los ecuatorianos que cometen estos actos tienen una consecuencia jurídica”, dijo la abogada.
Incluso, también se puede denunciar en Fiscalía si es que en algún conjunto residencial, en un local comercial o de entretenimiento hay letreros que digan “No se aceptan venezolanos (o de otra nacionalidad)”.
Se consultó con la Fiscalía General del Estado si existen denuncias por xenofobia y han indicado a este medio que sí. Sin embargo, aún se esperan cifras detalladas, las cuales hasta el momento de esta publicación no se han recibido.
Ante esta situación la abogada Rodríguez recomienda no tener miedo a denunciar cualquier acto de odio o discriminación. Existen derechos. El artículo 9 de la Constitución del Ecuador establece que las personas extranjeras en el país tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos.
