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Internacional

27/07/2018 9:35 am ET

EEUU dejó a más de 700 niños sin reunir con sus padres inmigrantes

Las familias reunificadas también estan en peligro.

Pese a que un juez fijó este jueves como día límite para la reunificación de más de 2.500 menores separados de sus padres inmigrantes indocumentados en la frontera bajo la política antiinmigración de tolerancia cero, el Gobierno de EE UU ha dejado por el momento a 711 bajo su custodia.

En un documento entregado a la corte que lleva el caso, el Departamento de Justicia ha informado de que hasta la fecha han podido devolver a 1.442 niños y adolescentes a sus padres en centros de detención para inmigrantes. Otros 378 han sido puestos en libertad, según las autoridades, en “otras circunstancias apropiadas”: entregados a padres que ya no estaban detenidos o a otros familiares.

El Gobierno de Donald Trump afirma que 711 menores no han sido devueltos por ahora porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras. Por diversos motivos: entre ellos, que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que los padres tuviesen antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, que no hubiesen podido ser localizados o que hubiesen sido deportados tras ser separados de sus hijos –caso de al menos 431 padres–.

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La gran cantidad de niños que por unas u otras razones siguen sin ser reunificados pasado el plazo judicial es lo más grave de la situación, pero muchas de las familias que han sido reagrupadas también afrontan un panorama muy incierto, pues el Gobierno de Trump empuja para poder deportar aprisa a muchos de los padres.

El juez del caso, Dana Sabraw, ordenó el 16 de julio que se suspendiese temporalmente la deportación de las familias reunificadas para garantizar que no se vulnerase el derecho de asilo, y su orden sigue vigente, pero el Gobierno insistió el martes en la corte en que se revierta esta decisión para poder realizar las deportaciones “inmediatamente”.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) reaccionó al día siguiente pidiendo al juez que confirme la suspensión, que estipula que las órdenes de expulsión no se pueden ejecutar hasta al menos siete días después que las familias vuelvan a estar juntas.

En un comunicado, ACLU ha argumentado que ese margen es imprescindible para que los padres puedan ser asesorados por abogados sobre sus derechos y los de sus hijos. Los inmigrantes, según ACLU, están tomando decisiones contraproducentes bajo presión. “[En un caso] agentes de inmigración le dijeron a una madre que quería pedir asilo que, si lo hacía, el proceso tomaría de seis a ocho meses en los que no podría ver a su hija”, ejemplifica la organización. Se menciona también el caso de padres “conducidos a salas con otras 30 o 50 personas” donde tuvieron que tomar “en tan solo unos minutos la decisión de dejar o no a sus hijos en EE UU”.

Con información de El País

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