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Internacional

11/07/2018 7:02 pm ET

Empresarios petroleros venezolanos enfrentan demanda en tres países

Entre los implicados está Francisco D’Agostino. Ninguno de sus familiares aparece en la demanda.

Demanda en Estados Unidos

Una batalla legal en tres frentes simultáneos tiene como centro a a varios empresarios venezolanos del área petrolera, en una disputa millonaria que abarca desde falta de pagos por cargamentos de crudo y productos, hasta presuntos desvíos de ruta que podrían haberle costado millones a la petrolera estatal venezolana Pdvsa, refiere el periodista Casto Ocando en Medium.

Las acciones legales, que están siendo ejercidas en tribunales de Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, implican a Francisco D’Agostino, Alessandro Bazzoni y Oswaldo Cisneros, socios en diversos proyectos petroleros en Venezuela. También implican a varias firmas establecidas en Venezuela y en Estados Unidos, y mencionan a media docena de individuos que participaron en presuntas irregularidades.

De acuerdo a una de las alegaciones, firmas e individuos mencionados en las acciones legales pusieron en práctica un presunto esquema de desvío de cargamentos de crudo de Pdvsa, que podría haber significado decenas de millones de dólares en pérdidas para la petrolera estatal venezolana.

Aunque se trata de una demanda civil, las implicaciones del caso podrían llamar la atención de las autoridades en Venezuela, Estados Unidos, Suiza e Inglaterra. De acuerdo a fuentes familiarizadas, hasta ahora dos agencias federales están bajo conocimiento de las denuncias de posibles prácticas fraudulentas.

Al menos cuatro procedimientos legales fueron iniciados en las últimas tres semanas por las firmas Chemplast Steel Industries Metals Ltd y Southern Procurement Services (SPS) en tribunales de Nueva York, Miami, Londres y Ginebra contra las firmas Elemento Ltd, registrada en Inglaterra y sedes en Londres y la Isla de Malta; y Castleton Commodities International (CCI), con sede en Stanford, Connecticut. Las acciones legales también incluyen a los socios de Elemento Ltd Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino y Carlos Galindo; y a Oswaldo Cisneros, que aparece asociado a D’Agostino y Bazzoni en la empresa mixta venezolana Petrodelta S.A., y a la firma DP Delta Finance B.V.

La empresa Elemento Ltd registra como directivos a D’Agostino, Bazzoni y Richard Rothenberg, en el registro de corporaciones inglés. En los papeles corporativos o de la demanda no aparecen otros familiares de D’Agostino, incluyendo sus sobrinos Rodrigo, Ricardo y Reinaldo Ramos D’Agostino, hijos del dirigente opositor Henry Ramos Allup.

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De acuerdo a documentos y comunicaciones judiciales revisados por VerticeContents, la empresa Elemento Ltd presuntamente violó acuerdos firmados con SPS y Chemplast para la adquisición de un cargamento superior a los 250,000 barriles de crudo, con un valor actual de mercado superior a los $8 millones.

Según las alegaciones judiciales, Elemento Ltd se ha negado “arbitrariamente” a pagar el valor el cargamento hasta ahora.

“En violación de sus obligaciones bajo el acuerdo de compra y venta, Elemento falló en hacer el pago de los montos adeudados a Chemplast y SPS. Así, para el 6 de Abril de 2018, Elemento le debía a Chemplast y SPS más de $7.4 millones”, indicó una notificación legal firmada por Richard Lorenzo, abogado de la firma Hogan Lovells en Miami, enviada al gerente financiero de Elemento Ltd en Londres, Richard Rothenberg, con copias a los socios de la firma D’Agostino, Bazzoni y Carlos Galindo. Otro documento de notificación fue enviado a la firma CCI.

En la notificación judicial revisada por VerticeContents, Lorenzo detalló que a fin de promover una “resolución amigable” del conflicto, las partes firmaron un Acuerdo Confidencial de Conciliación (Confidential Settlement Agrement) el pasado 1 de Mayo de 2018, a fin de que Elemento Ltd pagara por cuotas la deuda pendiente. Pero ningún pago tuvo lugar.

En otras comunicaciones similares, enviadas esta vez a la firma DP Delta Finance B.V., con atención a Oswaldo Cisneros, y al presidente de Petrodelta S.A., Douglas González, el abogado de Hogan Lovells detalló adicionalmente que sus representadas tienen conocimiento de que Elemento Ltd “le entregó a SPS y Chemplast documentos forjados durante el curso del acuerdo, y de manera inapropiada redirigió cierto carga destinada a los Estados Unidos”, hacia un destino distinto.

En los documentos judiciales revisados por VerticeContents, se muestra cómo dos barcos de crudo vendidos a Elemento como representante de CCI, que debían cubrir la ruta desde el Terminal de Jose, en el oriente de Venezuela, hasta las costas de Texas, se dirigieron en cambio a un terminal en Nueva York controlado por CCI.

De acuerdo al tracking de la agencia Bloomberg revisado por VerticeContents, los dos barcos en cuestión, NS Point y Dukhan, originalmente destinados a descargar su carga en Texas, aparecen arribando a Nueva York en enero de 2018. El cambio de destino supone una diferencia de $700,000 por cargamento.

Los demandantes exigieron a Petrodelta S.A. preservar y eventualmente suministrar toda clase de comunicaciones y documentos sobre su relación con la firma Elemento Ltd, representante en Venezuela de la firma norteamericana CCI, que se inició en 2016. El objetivo es establecer si Elemento Ltd utilizó un patrón de desvío de cargamentos de Pdvsa durante los últimos dos años y medio, lo cual podría haber significado pérdidas multimillonarias para la petrolera estatal venezolana.

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En los actuales momentos, de acuerdo a la legislación norteamericana, todas las firmas e individuos que mantienen relación o realizan negocios en o a través de Estados Unidos, están obligados a suministrar documentación o testimonios para juicios que tengan lugar en cortes federales o en otras cortes internacionales.

Uno de los directivos de Elemento Ltd, Richard Rothenberg, es ciudadano norteamericano, según documentos de la corte federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston.

No es la primera vez que Elemento Ltd y sus accionistas, se ven implicados en demandas legales en cortes federales de Estados Unidos.

A principios de 2017, Elemento Ltd fue demandada en la corte federal del sur de Texas por presuntas transacciones fraudulentas. La firma demandante, Chemoil Latin America Inc, una empresa energética con sede en Panamá, argumentó que Elemento Ltd y su principal accionista, Alessandro Bazzoni, incurrieron en una deuda de $3.49 millones por la compra de cargamentos de nafta suministrada por Chemoil y la firma Petroperú, que nunca pagaron.

Los papeles de la corte de Texas describieron a Elemento Ltd como un conglomerado de firmas registradas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Malta y Perú, controladas por Bazzoni junto a los socios Ruben Alejandro Goldstein y Richard Rothenberg. Una de las firmas “alter ego” de Elemento Ltd era Cinque Terre Financial Group, controlado también por Bazzoni, indicaron los papeles.

De acuerdo a la demanda de Chemoil, “Alessandro Bazzoni ha usado una red de compañías que controla para orquestar un complejo fraude contra Chemoil y otros para evitar repagar los fondos adeudados a Chemoil”.

Una segunda demanda por presunto fraude que también involucró a Elemento Ltd y sus filiales fue introducida en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Noviembre de 2015, por la empresa Centauro Liquid Opportunities Master Fund L.P., una firma de inversión basada en Nueva York, demandara a Cinque Terre Financial Group, antecesora de Elemento Ltd, por un presunto fraude que supera los $21 millones.

El año pasado, Cinque Terre Financial Group se declaró en bancarrota en la corte federal de Nueva York.

Las empresas que están tomando las acciones legales, SPS y Chemplast, son presididas por el empresario venezolano Manuel Chinchilla Da Silva. SPS está registrada bajo las leyes del Reino Unido (UK), mientras que Chemplast está registrada en las islas de St. Kitts y Nevis. Ambas firmas están controladas por un trust registrado en Nueva Zelanda.

Las empresas controladas por Chinchilla operan no sólo en Venezuela, sino en países como Jordania y México, donde han obtenido licitaciones recientes, según documentos revisados por VerticeContents. Mantienen además operaciones en Houston, Texas, y alianzas estratégicas con las firmas Halliburton, Schlumberger y Weatherford Latin America, una subsidiaria de Weatherford International.

Las operaciones en Venezuela de Chinchilla, principalmente la alianza firmada en 2016 con el conglomerado estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), ha generado críticas y controversias.

SPS ha sido señalada de haber presuntamente violado las sanciones de Estados Unidos que restringen el comercio con entidades o funcionarios públicos sancionados por organismos como el Departamento de Justicia.

De acuerdo a documentos revisados por VerticeNews, SPS solicitó recientemente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) licencias y autorizaciones para operar en Venezuela, en caso de que estuviera en violación de las sanciones emitidas por ese ente. Hasta ahora no ha sido incluida en listas de empresas o entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro.

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En mayo pasado, SPS obtuvo la autorización de la Security Exchange Commision (SEC) para ofrecer una emisión de acciones preferenciales por $100 millones a través de la Bolsa de Valores de Nueva York. La emisión fue realizada inicialmente en la Bolsa de Valores de Viena, según registros de la agencia Bloomberg.

VerticeContents no pudo obtener respuesta a cuestionarios enviados a Manuel Chinchilla sobre las controversias que han rodeado la relación de SPS con Camimpeg.

VerticeContents también envió correos a representantes de las firmas Elemento Ltd y Castleton Commodities International (CCI), pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición.

Cuestionarios enviados vía electrónica a Francisco D’Agostino y Alessando Bazzoni, acerca de las alegaciones de SPS y Chemplast, no fueron respondidos al cierre de esta edición.

Dos correos enviados a direcciones electrónicas de Oswaldo Cisneros en Digitel, la firma celular de su propiedad, fueron devueltos aparentemente por estar desactivados. No fue posible contactar a Cisneros para obtener una versión de los señalamientos.

Nota publicada en Medium.

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Internacional

148 venezolanos retenidos en Panamá por irregularidades migratorias

La mayoría por trabajar sin permiso.

irregularidades migratorias

Unos 1.574 extranjeros han sido verificados o retenidos en las acciones de campo realizadas en el primer semestre de 2018 por inspectores y supervisores migratorios, en su mayoría colombianos, por estar indocumentados o con estatus migratorio irregular, informó una fuente oficial.

Entre las principales causas de retención se encuentran la de trabajar sin permiso (166), estadía vencida (91), trata de personas (80), antecedentes penales (71), indocumentado o irregular (12), falta grave a la Ley panameña (10), evasión de puesto de control (3) y pasaporte vencido (1).

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Los países cuyos ciudadanos cuentan con más retenciones y verificaciones figuran Colombia (1.161), Venezuela (148), El Salvador (61), República Dominicana (44), Nicaragua (32), y Honduras (30).

Durante la temporada lluviosa los operativos se refuerzan a nivel nacional, con apoyo de miembros de la Policía Nacional y de otras autoridades competentes, señala un comunicado del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM).

Redacción Contexto Diario

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EEUU aumentó ayuda a Colombia para atender a migrantes venezolanos

Hará una contribución adicional de seis millones de dólares en ayuda humanitaria.

migrantes venezolanos

Estados Unidos anunció este lunes 16 de julio que otorgará seis millones de dólares adicionales a los 26 millones que ya ofreció a Colombia para atender a los miles de venezolanos que ingresan a su territorio huyendo de la crisis.

“Los Estados Unidos va a hacer una contribución adicional de seis millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para alimentación y servicios sanitarios a Colombia dentro de esta crisis”, dijo Marck Green, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional (Usaid).

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El funcionario hizo el anuncio este lunes durante su visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta, uno de los principales puntos de entrada de venezolanos a Colombia.

Green afirmó que con el aporte, Estados Unidos completa “más de 56 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria en la región”, para los “1,6 millones de venezolanos que han escapado de su país”.

De ese total, unos 32 millones de dólares han sido destinados a Colombia, según la Usaid.

Durante su recorrido por la zona fronteriza, Green reafirmó el trabajo junto a Colombia para buscar soluciones a la crisis que desata la migración venezolana.

“Aunque sigamos presionando por soluciones a largo plazo, seguiremos también al lado de la gente, y apoyamos el trabajo de Colombia y de otros en la región para ayudar a los venezolanos”, señaló.

Más de un millón de venezolanos han ingresado a Colombia en los últimos 16 meses y la mayoría pretende quedarse, según balances oficiales.

Redacción Contexto Diario

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Internacional

“Hay una red internacional que se lucra de la venta y distribución de los Clap”

Según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

clap

La red criminal trasnacional que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, causando hambre en este país, tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea (UE), según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La información recopilada y compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos está sirviendo para que “quede evidente al mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida”, provocada por la “corrupción”, explicó Cárdenas durante una entrevista con Efe en Madrid.

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El ministro, que participó en la capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos para detectar y luchar contra los entramados corruptos vinculados al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El grupo se reunió la semana pasada en Cartagena (Colombia) para abordar el caso específico de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, promovidos por el Gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera necesidad.

Cárdenas detalló que existe un entramado que vende esos alimentos a un sobreprecio y desvía fondos “que se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros del régimen de Maduro”.

Algunas de las personas y empresas de ese entramado corrupto operan desde países de la UE y, por ello, se ha invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) e Infracciones Monetarias de España.

Según Cárdenas, también “se va a involucrar a las fiscalías” de los cuatro países del grupo de trabajo, dado que “el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones”.

La labor de las unidades de inteligencia financiera “será un insumo determinante para decisiones” frente a la crisis en Venezuela “que se puedan tomar en el escenario no solo judicial, sino también político”, aseguró el ministro.

Redacción Contexto Diario

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